Impuestos: la mitad de nuestro tiempo tirado a la basura

Se le atribuye a Benjamín Franklin una frase muy conocida: "En este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos".

El primer sistema de impuestos conocido fue en el Antiguo Egipto alrededor de 3000-2800 a.C, en la Primera Dinastía del Antiguo Reino de Egipto. En el Imperio Persa, Darío I el Grande introdujo un sistema fiscal regulado y sostenible en el 500 a.C.

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).

En la mayoría de legislaciones, los impuestos surgen exclusivamente por la "potestad tributaria del Estado" el que se constituye en el acreedor. Generalmente los impuestos son cargas obligatorias para las personas y empresas. Un principio rector, denominado "capacidad contributiva", sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la libertad.

El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, esto es, todo aquello que sea una necesidad común para todos los habitantes, priorizando el cumplimiento de los deberes del Estado que, básicamente, son cinco: Educación, Seguridad, Salud, Defensa y Justicia.

Los países desarrollados tienen todo esto bien claro. Para empezar, saben que no deben gastar más de lo que ingresa en las arcas del Estado, y que si los impuestos se mantienen en niveles razonables, el contribuyente no va a estar tentado de evadirlos. Tienen un Estado fuerte y, a la vez, pequeño.

En pocas palabras: pocos impuestos, importes razonables, gasto apropiado.

En Argentina, a fines de 2021, contábamos con casi 170 impuestos de todo tipo, de los cuales casi la mitad eran municipales, y el resto nacionales y provinciales.

Son impuestos que asfixian a las empresas y a los ciudadanos. Muchos de ellos son abultados, duplicados, regresivos o distorsivos.

Con respecto a este último, el impuesto sobre los Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y el impuesto a los Sellos, integran la terna de los tributos distorsivos. Esto es así, porque perjudican el desarrollo de los negocios, al no contemplar la situación económica de la empresa (principalmente, si se encuentra en situación de pérdida) y al castigar a las cadenas de valor más amplias, que generan mejores bienes y servicios.

Los impuestos regresivos son los más crueles para un gobierno que se autodenomina "popular", ya que se imponen de tal manera que el gravamen se reduce a medida que aumenta la cantidad sujeta al impuesto.

Para que se entienda bien: los impuestos regresivos van a contramano de la declamada "redistribución de la riqueza". Es más, cuanto más elevado sean los impuestos regresivos más contribuirán a la desigualdad social, ya que, éstos representan mayor carga para los pobres que para los ricos. Parece mentira que esto exista en un país con el 50% de sus habitantes bajo la línea de pobreza.

Pero insistimos en el mismo camino que nos lleva a la miseria.

El gobierno gasta más de lo que recibe, generando déficits que se financian con emisión o deuda.

Cuando se financia con deuda, se castiga a las generaciones futuras, que deberán saldarla. Cuando se financia con emisión de moneda, se produce inflación, que castiga fundamentalmente a la clase trabajadora.

Se suele hablar del "impuesto inflacionario". Este consiste en la monetización de los déficits fiscales, y constituye el mayor factor de creación monetaria de los últimos años, con su consecuente impacto sobre la inflación. La emisión monetaria con la finalidad de financiar al Tesoro es considerada equivalente a un impuesto.

Actualmente, por cada hora de trabajo, un argentino destina la mitad de lo que gana para pagar impuestos. En términos anuales, significa que lo percibido por seis meses de trabajo, se lo llevará el Estado en impuestos.

Este es un indicador alarmante de la elevadísima presión tributaria que sufren los argentinos en comparación con la existente en cualquier otro país del mundo.

Según el informe "Paying Taxes", de Price Waterhouse, las empresas de la Argentina son las que pagan el mayor porcentaje de impuestos y tasas sobre sus ganancias, después de Comoras, un archipiélago africano situado en el océano Índico.

El ranking del Banco Mundial basado en ese indicador señala que la tasa de impuestos sobre ganancias de las empresas de nuestro país alcanza al 106%, cuando el promedio global es del 40,5%, mientras en Brasil ronda el 65%; en Uruguay, el 42%; en Paraguay, el 35%, y hasta Venezuela, con el 73%, está mejor que la Argentina.

Está claro que el Estado Argentino gasta mucho y lo hace mal, porque tiene un déficit abultado y las prestaciones esenciales que debe proveernos (Educación, Seguridad, Salud, Defensa y Justicia), son deplorables.

Y en vez de reestructurar el gasto público para, por lo menos, disminuir el déficit, lo único que propone son crear nuevos impuestos y aumentar los ya existentes. Los desafortunados diagnósticos de los funcionarios de turno solo sirven como telón de fondo para justificar la nueva patria tributaria, que alimenta la voracidad confiscatoria de un Estado depredador.

Retenciones al campo, cepos a la compra de dólares, impuesto a la ganancia en el sueldo a los trabajadores, son algunos de los ejemplos de la desesperación por mantener un Estado débil y sobredimensionado, imposible de sostener en el tiempo.

Son cada vez menos las naciones que mantienen impuestos sobre el patrimonio personal y la Argentina es la que posee el monto imponible más bajo para alcanzar a una mayor cantidad de gente. El resultado de este experimento, solo sirve para desalentar inversiones y que las grandes fortunas se establezcan en el extranjero.

El economista francés Eric Pichet analizó las consecuencias de ese tributo y demostró que solo conseguía recaudar menos de la mitad de lo que costaba en términos de pérdidas de ingresos por las fugas de grandes capitales. Su trabajo señaló que, entre 1998 y 2006, ese gravamen en Francia generó ingresos al fisco por el equivalente a 2600 millones de dólares al año, pero le costó al país más de u$s 125.000 millones por la salida de capitales al exterior.

No es muy diferente de lo que viene sucediendo en la Argentina en los últimos años, con un buen número de empresarios que han mudado su residencia fiscal o que directamente dejaron el país para radicarse en Uruguay o en otros lugares del mundo.

El futuro económico del país no luce muy alentador.

Mientras no se elimine el déficit fiscal, se baje el gasto público, y se aplique el aporte impositivo de la sociedad para cumplir con los deberes del Estado, seguiremos pagando fortunas en impuestos que se destinaran a mantener la demagogia y el populismo que está desangrando a nuestra Nación.

Y nosotros, los contribuyentes, seguiremos sintiendo que la mitad de nuestro tiempo de trabajo, convertido en impuestos, tendrá como único destino, la basura.